domingo, 18 de octubre de 2009

Fanny Lorena Pérez

Estoy en total desacuerdo con las declaraciones de la Señora Secretaria de Gobierno de Bogotá esta semana que termina, a nombre de la Alcaldía de Bogotá, cuando prácticamente condena a una familia que activa la red de búsqueda de los organismos de seguridad de la ciudad para buscar a uno de sus miembros desaparecido hasta la fecha en que se activa dicha red.


La señorita Fanny Lorena Pérez, de 24 años de edad, según su propio relato, tomó un taxi el martes 6 de octubre en el sector de la Carrera 13 con Calle 49 en Bogotá y lo único que recuerda después es que entró en un “profundo sueño”. Su familia acude a los medios de comunicación y a las autoridades para buscarla y el viernes 9 de octubre aparece en el Portal El Tunal de Transmilenio, al sur de la ciudad, visiblemente trastornada pero aparentemente ilesa.

Más allá de lo que se pueda pensar o indagar luego de los hechos, todo ciudadano tiene el derecho de buscar a sus seres queridos y el Estado, a través de los organismos de seguridad o de los medios a su alcance, de brindar el apoyo necesario para que quien desapareció, aparezca.

Mal hace la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Secretaría de Gobierno de la ciudad en condenar a una familia que busca a su hija y hermana desaparecida, activa toda una red de comunicación, pone oportunamente en conocimiento de la opinión pública dicha desaparición y activa, por lo tanto, la red de seguridad de la ciudad para encontrarla.

Lo único que hace la Alcaldía Mayor de Bogotá con las declaraciones del Alcalde y de la Secretaria de Gobierno es desestimular la denuncia oportuna por desapariciones en la ciudad y estimular todas las formas de violencia contra las mujeres. ¿Qué dirá al respecto la Oficina de Mujer y Géneros de la Alcaldía Mayor de Bogotá? ¿Son las declaraciones de las máximas autoridades de la ciudad parte de la Política Distrital de Mujer y Géneros?

En Colombia, según estudio de la Defensoría del Pueblo en 1995, desaparecen anualmente cerca de 4.000 niños y niñas menores de 18 años. Las niñas de Suba, desaparecidas en 1995 jamás fueron encontradas. El Estudio de la Veeduría Distrital y la Asociación Afecto contra el maltrato infantil “Situación de los Niños y Niñas en Bogotá 2001 – 2005” recomienda “la existencia de grupos especializados en la atención de estos crímenes (secuestro) contra los niños, las niñas y los adolescentes, que pudieran apoyar a las familias y avanzaran en la investigación judicial hasta dar con los autores y regresar sanas y salvas a las víctimas. La ciudad adolece de un grupo entrenado y especializado en investigar el secuestro y la desaparición de personas menores de 18 años en Bogotá”.

No quiero imaginarme a los funcionarios públicos en mención si una familia denuncia ante los medios de comunicación la desaparición de su hija de 13 años y sus compañeritas de estudio, a quienes pudieron haber visto por última vez saliendo para cine a un Centro Comercial de la ciudad a las 6:00 p.m. Ello activaría también parte de la red de búsqueda de organismos como la policía de investigación SIJIN, activaría la presencia de periodistas y cámaras de televisión y determinaría la decisión de la ciudadanía de apoyar la búsqueda de las niñas.

Si las niñas aparecieren sanas y salvas, ¿sancionaría la Alcaldía Mayor a las familias preocupadas por sus hijas? ¿A la SIJIN por cumplir con su deber? ¿Los Editores de los medios presentes dejarían de cumplir con su deber ético de atender el llamado?

Los organismos seguridad del Estado siempre deben estar atentos a los requerimientos de la ciudadanía. Cueste lo que cueste. Y la prensa también en el marco de servicio y vocería de la comunidad.

Guillermo Camacho-Cabrera

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