domingo, 14 de febrero de 2010

Coherencia y políticas sociales

Salahonda es la cabecera de un municipio llamado Francisco Pizarro, ubicado en el departamento de Nariño al sur de Colombia. Se llega a Salahonda únicamente en lancha, en un recorrido aproximado de una hora de duración, desde el Puerto de Tumaco.

Tuve que desplazarme a Salahonda por cuestiones de trabajo en el mes de diciembre de 2009. Era mi tercer viaje en el año a esa población donde estamos implementando un proceso para construir y fortalecer una red institucional de buen trato a los niños, niñas y adolescentes liderada por la Fundación Global Humanitaria y por la Asociación Afecto contra el maltrato infantil.

Estaba realizando una actividad de grupos focales o focus group y tuve que reunirme con un grupo de ancianos de la población. Cerca de 10 personas entre los 67 y los 82 años de edad, todos de piel negra, pacientes en su manera de ser, con buen hablar, pausado y vocalizado, como poniendo el enfasis necesario a cada palabra pronunciada.

El grupo focal quería explorar las percepciones alrededor de la campaña de promoción de la red del buen trato que implementaremos a finales de febrero de 2010 como cierre del proceso. Sin embargo, los ancianos y ancianas citados fueron sinceros conmigo luego de explicarles el objeto de la actividad: "Guillermo", dijeron, "nosotros queremos comentarle que pensábamos que la reunión tenía otros fines y que quisiéramos exponerle algunas inquietudes que tenemos con respecto al programa de Acción Social".

De acuerdo con su sitio Web, Acción Social es "la entidad creada por el Gobierno Nacional con el fin de canalizar los recursos nacionales e internacionales para ejecutar todos los programas sociales que dependen de la Presidencia de la República y que atienden a poblaciones vulnerables afectadas por la pobreza, el narcotráfico y la violencia. De esta manera, se integran la Red de Solidaridad Social (RSS) y la Agencia Colombiana de Cooperación Internacional (ACCI)".

Caso 1:

Les expliqué a los ancianos que yo no era la instancia a la cual debían dirigirse, que ni yo ni las organizaciones que representaba teníamos incidencia en las decisiones y programas del gobierno y que en ese sentido, no podía escucharles. Que les agradecía su participación pero que si tenían otra idea del tema del ejercicio y no habían sido convocados para ello, estaban en libertad de no participar en el grupo focal.

Me dijeron que querían participar en el grupo focal pero que me pedían el favor que solamente les escuchara, a lo cual accedí con curiosidad.

Francisco Pizarro es un municipio que vive de la pesca y la explotación maderera principalmente. La economía es precaria y el alimento escaso, así como las fuentes de trabajo.

Con un lenguaje que dejaba ver la dignidad de cada uno, los ancianos me dijeron que eran beneficiarios del programa de comedores comunitarios de Acción Social. Que estaban contentos de pertenecer al programa ya que ellos no tienen de dónde proveerse el alimento diario. Posteriormente me dijeron que el programa funciona de lunes a viernes, días en los cuales ellos pueden ir a almorzar al comedor comunitario.

Su queja, bien fundamentada, era que el programa cerraba los fines de semana y que ellos necesitaban comer todos los días.

Comprendí perfectamente su situación (hay que estar en Salahonda para hacerlo) y me condolí con ellos. Pensé que es muy diferente diseñar las políticas sociales desde un escritorio en la ciudad y vivir a las comunidades en su realidad cotidiana. ¿Cuándo el programa de comedores de Salahonda consultó las necesidades de la población beneficiaria?

Caso 2:

Un colega periodista realizador de un noticiero internacional de televisión me refirió este viernes 12 de febrero que en algunas zonas indígenas del sur de Colombia que estuvo visitando, ha aumentado el embarazo en niñas de 14 años debido a los beneficios que el programa Familias en Acción otorga a mamás y familias gestantes y lactantes con subsidios monetarios. 

Sin más comentarios, las políticas sociales, si en realidad lo son, deben atender las necesidades reales de las poblaciones hacia las cuales se enfocan. Y corregir lo que haya que corregir, en pleno Siglo XXI.

Guillermo
guillermo@papelysignos.com

Foto: Salahonda, Nariño / Guillermo Camacho Cabrera

domingo, 7 de febrero de 2010

La marcha del 6 de febrero por la Salud de los colombianos

Con el lema "La Salud no es un favor, es un Derecho" se desarrolló este sábado 6 de febrero por las calles de Bogotá y algunas de Colombia la marcha convocada por dos estudiantes de leyes a través de la red social Facebook.

Miles de personas caminaron y se concentraron en la Plaza de Bolívar, en pleno corazón de Bogotá, enmarcada por construcciones emblemáticas para la democracia como el Palacio de Justicia, la Catedral Primada de Colombia, el Palacio Liévano sede del gobierno local y el Capitolio Nacional o edificio del Congreso de la República. 

La pluralidad de actores que se dieron cita en la jornada de protesta permitió establecer que la Salud de las gentes debe ser un INTOCABLE para los gobiernos y los gobernantes y que cualquier niebla que exista para minar ese derecho debe ser proscrita del ejercicio del poder.

En la marcha se hicieron presentes personas de todos los estratos socioeconómicos -en Colombia el acceso a los servicios estatales se regula por este medio-, organizadas en asociaciones de pacientes, médicos federados, centrales de trabajadores, personas del común (Ver fotos de la marcha).

El descontento de las gentes de Colombia por las impopulares medidas de reforma al sistema de salud ha hecho que el Presidente de la República regañe públicamente a sus asesores y emprenda una campaña de información por los medios de comunicación con el fin de contrarrestar las opiniones adversas de las sociedades científicas, los gremios de la salud, los gobiernos locales, los pacientes organizados y los usuarios del sistema general de seguridad social en salud.

No obstante, más que la posibilidad de hablar a los colombianos lo que está en juego es la credibilidad del Presidente y de un gobierno que ha descuidado completamente su relación con el ciudadano de a pie. 

Controvertir la opinión de las sociedades científicas desde la confección de unos decretos reglamentarios que deshagan lo legislado en el marco de la Emergencia social quiere decir que el Presidente (ni siquiera el Ministro de la Protección Social), siempre tiene la razón y como sea va a tratar de enmendar los entuertos de sus asesores. Sin embargo, una cosa es tratar y otra lograr.

La impopularidad de algunas de las medidas tomadas en el marco de la Emergencia social (no hablo del impuesto al tabaco y al alcohol), ya hicieron mella en el grueso de la opinión pública colombiana. Bastó que se dieran a conocer los textos para que la gente leyera.

Más que un problema de estrategia pedagógica, de comunicación o de entrar a explicar lo ya está explicado desde el principio (los decretos son taxativos), el país recibiría con agrado una dosis de cordura de parte del Gobierno nacional con un reconocimiento de la pésima calidad de los decretos expedidos (especialmente los artículos en discusión), y su derogación por parte del mismo gobierno que los expidió. Si se deja esa tarea a la Corte Constitucional puede pasar un tiempo precioso entre el estudio y el fallo durante el cual muchas personas pueden morir o quedar en la ruina económica.

La próxima marcha y protesta quedó convocada para mediados de Febrero de 2010.

Guillermo
guillermo@papelysignos.com

Foto: Guillermo Camacho Cabrera